EL CAPITULO TRABAJO EN LAS CONSTITUCIONES

EL CAPITULO TRABAJO EN LAS CONSTITUCIONES

Por el Dr. Jorge Rendon

Estimados lectores:

Si los hechos no se documentan su recuerdo puede desaparecer o durará sólo el tiempo que quienes intervinieron en ellos o fueron sus testigos los conserven en su memoria. Este aserto vale tanto para los hechos personales y familiares (documentos, cartas, fotografías), como para los de grupos más extensos.

 

Viene al cuento a raíz de una andanada contra los derechos laborales, protagonizada con ciertos dirigentes sindicales y políticos empeñados en remachar el despojo de un conjunto de derechos laborales llevado a cabo en los períodos de Fujimori, Toledo, García y Humala. Su modus operandi es clamar por la aprobación de un proyecto de Ley General del Trabajo, —consensuado por ellos en un 85%— que formalizaría ad semper ese despojo.  

 

El Capítulo sobre el Trabajo de la Constitución de 1979 incluyó un conjunto bastante completo de los derechos laborales que los trabajadores habían alcanzado hasta ese momento. Algunos tenían su origen en huelgas suscitadas desde comienzos del siglo XIX, muchos habían sido dados por el gobierno del General Juan Velasco Alvarado —debidas a mi iniciativa— y otros surgían de propuestas personales o institucionales. Pero tras casi todos se levantaba como trasfondo la lucha de los trabajadores, sus privaciones cuando los arrojaban al desempleo; la prisión, torturas, deportación y muerte de muchos de sus dirigentes y militantes y de estudiantes e intelectuales identificados con ellos. Generosamente, todos luchaban por las clases trabajadoras, entendidas como un conjunto conceptual opuesto dialécticamente a las clases opresoras. Era su acción desinteresada, moralmente limpia y entregada a una causa que los trascendía.

Ese Capítulo no apareció en la Asamblea Constituyente por generación espontánea.

En mi libro Derecho del Trabajo, Introducción(Lima, Editorial Tarpuy, 1988) relato la manera cómo fue redactado y aprobado y quiénes aportaron el texto que sirvió de base a los debates de la Comisión de Trabajo, del que salieron muchos de los artículos que conforman este Capítulo. Sin el convencimiento y decisión de los dirigentes de entonces de la CGTP este Capítulo sería inexplicable. Eran otros dirigentes. Muchos de ellos se habían fogueado en la clandestinidad y las prisiones. Estábamos en la misma onda y compartíamos un mundo conceptual que habíamos aprehendido desde jóvenes y del que nunca nos apartaríamos.

Los documentos que transcribo a continuación documentan ese momento de la historia del Perú. (ver al fin del articulo)

(22/3/2015)

 

Numeral tomado de mi libro Derecho del Trabajo, Introducción (Lima, Editorial Tarpuy, 1988)

 

 

119.- Elaboración y aprobación del Capítulo Del Trabajo de la Constitución de 1979.- La alianza de hecho del Partido Aprista con el Partido Popular Cristiano no pudo funcionar en la preparación y aprobación del capítulo Del Trabajo por la enorme presión de los representantes de la izquierda, y, principalmente, de quienes eran también dirigentes sindicales, los que, a su vez, expresaban con su presencia e intervenciones la enorme  presión e inquietud de las clases trabajadoras peruanas.

 

La parte que de la Carta Constitucional debía ser dedicada a las relaciones laborales fue encomendada a la Comisión Nº 12 de “Trabajo y Derecho Sindical”, que estuvo integrada por  4 representantes del Partido Aprista Peruano: Romualdo Biaggi Rodríguez quien la presidió, Julio Cruzado Zavala, Secretario General de la Confederación de Trabajadores del Perú, Luis Negreiros Criado y Josmell Muñoz Córdova; 2 del Partido Popular Cristiano: Rubén Chávez Guevara y Miguel Angel Arévalo del Valle; 1 de la Unidad Democrática Popular: Ricardo Díaz Chávez; 1 del Partido Comunista Peruano: Isidoro Gamarra, Presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú; 1 del Partido Socialista Revolucionario: Miguel Echeandía Urbina; y 1 del Frente Obrero Campesino Estudiantil: Juan Cornejo Gómez.

 

Como primer paso, esta Comisión pidió a las organizaciones de empleadores, a las confederaciones sindicales de trabajadores, a representantes del Fuero Privativo de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y de la Oficina Regional de la OIT, y a algunos profesores universitarios que le expusieran sus opiniones. Las exposiciones se hicieron verbalmente con algunas sugerencias escritas. Sólo la CGTP presentó un proyecto íntegro del articulado que a su juicio debería contener la Constitución en materia de relaciones de trabajo,[1]documento que fue utilizado por la Comisión como material de trabajo inicial. En el momento de la redacción del articulado, los dirigentes sindicales de izquierda, y entre ellos el Presidente de la CGTP, apoyado por el Secretario General de esta organización Eduardo Castillo Sánchez, quien también era constituyente, les plantearon a los representantes sindicales apristas la necesidad de coincidir en un texto que, al margen de las diferencias partidarias, fuese favorable a los trabajadores. La respuesta de los representantes indicados fue positiva, y ellos tramitaron en el seno de su partido el apoyo de un vasto sector de él a los artículos que se iban redactando en la Comisión por consenso entre los representantes del aprismo y de la izquierda, a diferencia de lo que sucedía en las demás comisiones en las que la izquierda había sido aislada. El texto así elaborado fue luego entregado a la Comisión Principal, donde los representantes del Partido Aprista lo respetaron, salvo en cuanto a algunas modificaciones y agregados.[2]

 

El proyecto de Constitución fue terminado de aprobar por la Comisión Principal el 29 de marzo de 1979, y publicado de inmediato en “El Peruano”. El 1ro. de abril del mismo año comenzó el debate en la Sesión Plenaria. El capítulo Trabajo fue discutido en la 33º sesión, el 19 de abril. Vuelto a la Comisión Principal, para examinar las sugerencias, ésta los trató en sus sesiones del 20 y 23 de abril.[3]  Las adiciones introducidas en este momento fueron: la declaración de que el Estado reconoce al trabajo como fuente principal de la riqueza, en la forma referida; un acápite a solicitud de Roger Cáceres Velásquez del Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, estableciendo que a nadie puede obligarse a prestar trabajo personal sin su consentimiento y sin la debida retribución, como lo decían las Constituciones de 1920 y 1933, (en la sesión plenaria Javier Diez Canseco había manifestado ya antes que no había en el proyecto del Capítulo Trabajo ningún artículo que prohibiera el trabajo gratuito); el señalamiento de que la igualdad de remuneración entre el hombre y la mujer por igual trabajo, que ya estaba en  el proyecto, se refiere al trabajo  prestado en idénticas condiciones al mismo empleador; la declaración de que la ley organiza el sistema de asignaciones familiares a propuesta del representante Roger Cáceres Velásquez en la sesión plenaria con la oposición del Partido Popular Cristiano; la prescripción de los derechos sociales a los quince años de la terminación del contrato de trabajo propuesta por Alaiza Grundy del Partido Popular Cristiano, oponiéndose a Josmell Muñoz del Apra, quien había postulado la imprescriptibilidad de los derechos sociales; la sindicalización de los trabajadores no dependientes de una relación laboral propuesta por Roberto Ramírez del Villar del Partido Popular Cristiano recogiendo una intervención del representante del Partido Unión Nacional Manuel Adrianzén Castillo en la Sesión Plenaria, quien pidió que se extendiera el derecho de sindicalización a los trabajadores independientes;[4] y la apertura de un nuevo capítulo sobre la función pública propuesto por Roberto Ramírez del Villar, quien presentó el proyecto de artículos adicionales a los que ya se hallaban contenidos en el proyecto.

Inmediatamente después, el texto del Capítulo Trabajo, a excepción de un artículo, fue aprobado en la Sesión Plenaria del 23 de abril. Los artículos aprobados por mayoría lo fueron por el voto coincidente de los representantes del centro y de la izquierda, salvo los referentes a la disolución de las organizaciones sindicales por acuerdo de la Corte Suprema, y el mandato de sujetar el ejercicio de la huelga a la ley en que algunos representantes de la izquierda prefirieron abstenerse. El artículo sobre la creación de un banco de los trabajadores, iniciativa de Julio Cruzado Zavala, fue introducido en una última sesión del mes de julio.

 

 


[1] El Autor preparó este proyecto, a pedido del Secretariado de la CGTP. Una gran parte de lo que fue luego el Capítulo Del Trabajo de la Constitución se halla en este proyecto, como las reivindicaciones fundamentales de los trabajadores peruanos en ese momento.

[2] El representante del Partido Aprista Romualdo BIAGGI así lo reconoció en la sesión plenaria al tratarse del proyecto del Capitulo “Del Trabajo” de la Comisión Principal, en los términos siguientes: “nosotros reconocemos —y lo declaramos de modo público— que la Comisión Principal de Constitución ha recogido, si no en su totalidad, por lo menos en un porcentaje apreciable los principios y los conceptos que sustentan la ponencia presentada por la Comisión Especial Nro. 12 que me corresponde el honor de presidir por decisión de esta Asamblea […] Esta Comisión, además de su conformación multipartidaria con la presencia de personeros autorizados de sus respectivas colectividades políticas, tuvo la suerte singular de reunir en su seno a esclarecidos líderes sindicales y profesionales vinculados por mucho tiempo a los quehaceres del derecho social.” Diario de Debates de la Asamblea Constituyente,T. IV, pág. 171, sesión del 19/4/1979.

 

[3] Véase Libro de Actas de la Comisión Principal, pág. 357 y ss.

[4] Diario de los Debates, t. IV, p. 177.

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LAS CONSTITUCIONES DE 1979 Y 1993

Por Jorge Rendón Vásquez

Ver/descargar Capitulo Del Trabajo en la Constitución de 1979: Capitulo Del Trabajo Constitución 1979

 

El 28 de julio de 2011, Ollanta Humala, ante el Congreso de la República y las cámaras de televisión, juró solemnemente por la Constitución de 1979 desempeñar el cargo de Presidente de la República. Conservaba aún la aureola de populismo que le había reportado el 31.5% de la votación en primera vuelta, aunque guardando la “Gran Transformación” en caja fuerte. Después, olvidó ese juramento (como en el tango de Gardel: “Hoy un juramento, mañana una traición”) y abrió la caja fuerte.

Para muchos, la Constitución de 1979 era, y sigue siendo, una suerte de misterioso y desconocido fetiche, dotado del poder de obrar portentosos cambios, y queda bien agitarla como una bandera reivindicativa.

A esta Constitución se llegó por la pista ancha tendida formalmente por el Gobierno de Morales Bermúdez con su convocatoria a elecciones para constituir una Asamblea Constituyente. Dos hechos históricos esenciales precipitaron esta convocatoria: el primero fue la declaración incluida en el Plan del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (Plan Inca) del 3 de octubre de 1968, firmado por Juan Velasco Alvarado, que decía: “Una nueva Constitución Política consolidará las leyes, institucionalizando las transformaciones esenciales e irreversibles logradas por la Revolución.” Una gran parte de la oficialidad militar se sentía comprometida todavía con ese Plan y Morales Bermúdez no se atrevía a desafiarla. El segundo fue la formidable presión de los trabajadores, expresada con sus huelgas del 19 de julio de 1977, del 27 y 28 de febrero y del 23 y 24 de mayo de 1978, convocadas por la CGTP, que paralizaron al país. (Eran otros sus dirigentes entonces.) Y el gobierno de “la Segunda Fase” tuvo que ceder, encarpetando sus ganas de quedarse en el poder.

En las elecciones del 18 de junio de 1978, de las cien representaciones disputadas, el Partido Aprista obtuvo 37; el Partido Popular Cristiano, 26; el Movimiento Democrático Peruano (pradismo), 2; el Partido Unión Nacional (odriísmo), 2; y las formaciones de izquierda, 34, de las cuales el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP), 12; el Partido Comunista Peruano, 6; el Partido Socialista Revolucionario (un grupo velasquista), 6; la Unidad Democrático Popular, 4; el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (FRENATRACA), 4; y el Partido Demócrata Cristiano, 2, resultados que correspondían a los porcentajes alcanzados en la votación.

La Constitución aprobada el 12 de julio de 1979 reflejó esta composición. “Los capítulos relativos a la organización económica fueron el resultado del acuerdo de los Partidos Popular Cristiano y Aprista. El Capítulo sobre el Trabajo, que incluía un elenco de derechos sociales muy importantes, recibió la votación conjunta de los representantes de la izquierda y del Partido Aprista, que tuvo que ceder ante la presión de los dirigentes sindicales, incluso de sus propias filas, y de otros representantes de la izquierda.” (de mi libroTeoría General del Derecho del Trabajo, Lima, GRIJLEY, 2007, 2ª ed., nº 211.)

Los factores determinantes de la Constitución de 1993 fueron fundamentalmente dos: practicar algunos cambios en el régimen económico y permitir la reelección del Presidente de la República. El gobierno de Fujimori, que la hizo aprobar, tenía firmemente asegurado el control de la población por la cúpula castrense que había colaborado con su golpe de Estado del 5 de abril de 1992, y creía contar con la aceptación de la mayoría de la población, según las encuestas.

Presionado por la OEA, convocó a elecciones para conformar un Congreso Legislativo y Constituyente, y éstas se efectuaron el 18 de noviembre de 1992. De los 11’245,463 ciudadanos inscritos sólo concurrieron a votar 8’191,846. Los votos nulos y viciados llegaron a algo más de dos millones, y el Partido del Gobierno obtuvo 3’075,422, lo que representó el 27.3 % del electorado. Sin embargo, con esta minoría se hizo de la mayoría absoluta en el Congreso Legislativo y Constituyente, y aprobó como quiso una nueva Constitución. Sometida ésta a referéndum, votaron por el sí 3’895,763 y por el no, 3’548,334. Los votos nulos y viciados sumaron 734,625. Pese a las serias observaciones sobre el resultado de este referéndum, realizado el 31 de octubre de 1993, el Jurado Nacional de Elecciones convalidó la elección.

Si bien la Constitución de 1993 “sustituyó” a la de 1979, sus cambios fueron muy pocos, aparte de los indicados. El texto de más del 90% de sus artículos es igual o semejante.

Y ello, porque ninguna Constitución Política crea, o inventa, por así decirlo, la realidad del país a la que corresponde. Salvo en los casos de revoluciones estructurales, como la francesa de 1789 y la rusa de 1917, las nuevas constituciones registran los caracteres de la realidad nacional e introducen sólo ciertas variaciones en la estructura económica y las superestructuras política, jurídica y cultural, a instancias de sus autores que representan los intereses de determinadas fuerzas, clases o grupos sociales. El acuerdo adoptado sobre el texto constitucional es la expresión de un pacto social, si sus autores son elegidos democráticamente.

Tanto la Constitución de 1979, como la de 1993, admiten la estructura capitalista de la sociedad. Declaran que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de Mercado, como las constituciones europeas occidentales de la postguerra que les sirvieron de modelo. (Me contaron que contra esta concepción se alzó un instructor de cuadros en el Partido Nacionalista; quería reemplazarla por una “economía nacional de mercado” y hasta los hacía cantar a coro para que la fijaran indeleblemente; le dieron de baja sin pena ni gloria.)

Las diferencias con respecto al modelo económico son muy pocas, pero de gran importancia: la Constitución de 1993 ignoró la planificación de la economía por el Estado; redujo la posibilidad de creación y expansión de empresas estatales; no prohibió los monopolios; autorizó los contratos ley a favor de las grandes empresas para conferirles ciertas excepciones y ventajas tributarias y de otro orden, prohibiendo la intervención legislativa sobre ellos; y eliminó la protección especial al agro y a los campesinos.

En materia laboral y de seguridad social, la Constitución de 1993 redujo los derechos de los trabajadores y abrió las puertas a la empresa privada para el suministro de las prestaciones de salud y pensiones, abandonando, en parte, el carácter social de la economía.

En el campo político, prefirió el unicameralismo legislativo, en lugar del bicameralismo de la Constitución de 1979; y permitió la reelección del Presidente de la República, suscitando acerbas críticas, incluso de ciertos personajes de la llamada izquierda, acompañadas de cierta chispa de hipocresía por su declarada predilección por las reelecciones ad infinitum en ciertos países gobernados por grupos homólogos a los suyos.

Correlativamente, para el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo (éste no existía en la Constitución de 1979) se estableció una mayoría de cuando menos dos tercios de los congresistas.

El Partido gobernante disponía en ese momento de esa mayoría y podía hacer y deshacer como quería. No tocó la forma de nombrar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, porque podía manipular su elección por otros medios.

La Constitución de 1979, no era tampoco perfecta. Había dispuesto, por ejemplo, que los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público serían nombrados por el Presidente de la República, a propuesta del Consejo Nacional de la Magistratura. Los partidos Aprista y Popular Cristiano se reservaron esta carta y la utilizaron desde 1980 hasta que entró en vigencia la Constitución de 1993.

Ni la Constitución de 1979, ni la de 1993 prevén su reforma integral por una asamblea constituyente. La de 1979 dispuso que su reforma debería ser en dos legislaturas consecutivas con una mayoría superior a la mitad del número de miembros de cada cámara. La de 1993 establece la reforma por una legislatura con mayoría absoluta, seguida de un referéndum, o, en lugar de éste, la aprobación de la reforma por dos legislaturas consecutivas y con una mayoría superior a los dos tercios del número de miembros del Congreso, procedimiento más rígido que el anterior.

Pese a las exaltadas críticas a la Constitución de 1993 y al truqueado resultado del referéndum del 31 de octubre de 1993 que la ratificó, ella continúa aplicándose y es la base de la institucionalidad política y económica, con lo que se relegitima “según pasan los años” (como dice el blues de la película Casablanca). Ha sido modificada varias veces, siendo la primera la abolición de la reelección inmediata del Presidente de la República. La tentativa de su reforma integral, luego de 2001, se quedó en la nada entre bombos y platillos.

Este tema no concita la atención del medio académico ni de los partidos políticos por la endeblez ideológica de unos y otros o su conformidad con la actual Constitución. En el fondo es la ciudadanía, con una formación política rudimentaria o inexistente, la que acepta las reglas constitucionales tal como son. Y en este medio chapotean los políticos.

La crítica a fondo de la actual Constitución podría ser uno de los puntos de partida de una nueva generación política renovadora en nuestro país.

(22/7/2013)

Ver archivos documentales:

Carta de CGTP al Dr. Rendon: La CGTP al Jorge Rendon

Presentacion del aporte del Dr. Rendon: Presentación de aporte del Dr. Rendón

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