Ganancias del debate sobre la vacancia presidencial

Ganancias del debate sobre la vacancia presidencial

Doce Ángulos

 

Luis M. Sánchez

Quizás la mayor ganancia del debate sea que la gente ha tenido mejor ocasión para diferenciar la política como discurso de la política como conducta ética.

 

Se llegaron a decir cosas como “el presidente esta moralmente desacreditado, por eso vamos a votar contra la vacancia”, o “todo ha sido arreglado para blindar al presidente, por eso me abstengo”, mostrando no solo fallas lógicas sino desfachatez. Solo las bancadas de FREPAP y UPP votaron por lo que sostuvieron, atisbos de política nueva que vale aplaudir.

 

Pero, además, con la votación hecha, el Congreso gana institucionalmente. Da pruebas de entender su rol, de hacer que lo respeten y de ceñirse a él, a pesar de las campañas implacables montadas en su contra. El Congreso es el poder fundamental de la democracia, no puede ser avasallado por el ejecutivo, ni por maniobras jurisdiccionales, como intentaron los abogados de Vizcarra con la llamada “acción competencial”.

 

El Tribunal Constitucional rechazó la medida cautelar, pero admitió a trámite la acción competencial que tendría que ser igualmente desestimada, porque no se puede despojar al Congreso de la facultad de control político que tiene. Si eso ocurre, la separación de poderes se hace añicos. Sería como disolver el Congreso en la práctica.

 

Ni siquiera el TC puede restringir esa potestad. Vale recordar que el TC no está por encima de los poderes, ni por encima de la Constitución, ni por encima de la democracia que reside en la voluntad del pueblo y se expresa ante todo en el Congreso de la República.

 

Un exceso de constitucionalismo académico, premunido de ficciones doctrinarias importadas, dice que el TC es el supremo y único intérprete de la Constitución y puede atribuirse poderes omnívoros. Podría decidir incluso sobre asuntos políticos. Lo cierto es que el TC no es un poder del Estado ni puede colocarse subrepticiamente por encima de los poderes democráticos. Debe guiarse por un principio de autolimitación y no de auto atribución.

 

El intento de someter las competencias del Congreso al fuero jurisdiccional -maniobra originada en los amparos trafaciosos de Alan García para impedir ser investigado- equivale a judicializar al Congreso y a judicializar lo político, como se viene haciendo ladinamente con los partidos y los líderes políticos. Por eso la “acción competencial” es impropia. Es un intento de arrebatarle al Congreso sus potestades políticas mediante argucias jurisdiccionales.

 

Se ha dicho que la “incapacidad moral” no es precisa en la Constitución por lo que el TC tendría que interpretarla. Pero, la Constitución no es un Código penal sino una “Constitución”. Su fundamento es esencialmente político, aunque su función sea normativa. No requiere que sus términos contengan “tipicidades” como las que se piden para los delitos. De otro modo, como ha precisado Enrique Ghersi, un pedófilo podría mantenerse en la presidencia porque esa conducta “no está tifipicada”, como dicen los constitucionalistas de código penal.

 

La interpretación que se haga de la “incapacidad moral” es estrictamente política, considerando lo que es bueno para la moralidad de la nación y para la actuación del presidente. Hay una tradición histórica indeleble, como recuerda Ghersi, que indica el sentido de esta causal de vacancia, referida no solo a enfermedad mental, sino a conductas indignas para la nación, como fue la salida de Prado del Perú en Plena guerra, o la fuga de Fujimori.  Podría haber situaciones no previstas que el Congreso debe ponderar y debe hacerlo en término políticos, lo que no puede ser hecho por el TC.

 

Que el TC interprete no quiere decir que los poderes del Estado no puedan hacerlo. Al Congreso le está reservada la interpretación política porque es el poder político por antonomasia de la democracia. Personifica al legislador histórico y está autorizado a interpretar la doctrina política legislativa, lo que se conoce como “interpretación auténtica”. En esa tarea no puede ser suplantado.

 

En suma, el debate sobre la vacancia parece haber sido otro capítulo de la democracia hipócrita capitalina, pero algo se gana cuando nuevas actitudes emergen, y cuando las instituciones ejercen sus funciones con responsabilidad. Le toca al Presidente probar que todavía es capaz de afirmar la dignidad del supremo encargo que ostenta.

 

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