La Hora de la Constitución

La Hora de la Constitución

Doce Ángulos

 

 

Luis M. Sánchez

 

Pocos dudan de la indignidad de la Constitución de 1993. No solo fue resultado de un golpe contra los poderes de la democracia instalada, el congreso, el poder judicial, los gobiernos regionales y el Tribunal de Garantías Constitucionales de entonces, sino que simuló aprobarse en un referéndum cuyos resultados se manipularon clandestinamente la noche del 31 de octubre de 1993.

 

El cambio de la Constitución se maquinó para oficializar el gobierno que había salido del “autogolpe”, pero sobre todo para posicionar a los inversionistas foráneos, y facilitarles el acceso ventajoso a las riquezas del país: los recursos naturales y la mano de obra.

 

Para eso se hizo cuatro movidas principales. La primera fue colocar “el mercado” por encima de la sociedad. Aunque la fórmula “economía social de mercado” se mantiene, en el conjunto el texto termina poniendo a la sociedad a los pies de “el mercado”.

 

Pasa con la Constitución de 1993 lo que Michael Polanyi devela en La Gran Transformación: la sociedad entera es puesta al servicio de la economía, en lugar de que la economía, es decir 'el mercado', se ponga al servicio de la sociedad. Y “el mercado”, lo vemos hoy, es solo un seudónimo de los grandes intereses privados. Detrás de él operan los grandes inversionistas, los grupos financieros, los dueños de la moneda, las corporaciones mundiales que son las que dictan las 'leyes del mercado'.

 

La segunda movida fue amarrar las manos al estado y colocarlo por debajo de los intereses privados, lo que se contiene, entre otros, en el infame artículo 60 que prohíbe al gobierno nacional, regional o municipal, realizar actividad empresarial cuando sea necesario.

 

La tercera fue dar a los inversionistas garantías de impunidad para actuar a discreción, con la seguridad de que pueden arrasar con los competidores nacionales y que sus “contratos ley” nunca pueden ser revisados. Eso lo hacen otros dos artículos infames: el 62 y el 63.

 

La cuarta fue colocar a la gente y sus organizaciones, en situación de precariedad, de manera que no puedan defenderse de la arbitrariedad de los privados ventajosamente protegidos.

 

Por eso los sindicatos de trabajadores, las asociaciones, las mutuales, las cooperativas, las comunidades, o las iniciativas de los millones de emprendedores del campo y la ciudad, tienen escaso o ningún amparo. Deben subsistir en base a su esfuerzo porque para ellas la Constitución no prevé ningún “contrato ley”, ni protección institucional que les permita prosperar sin restricciones.

 

Entonces la enumeración de derechos del artículo 2 se convierte casi en letra muerta. Si el derecho al trabajo, a la salud, la educación, la vivienda, al libre emprendimiento productivo sin los excesos de la persecución tributaria ni la competencia desleal de las transnacionales, no están garantizados, los derechos individuales se esfuman en la retórica de los tribunales.

 

Por ello el texto de 1993 es esencialmente ilegítimo. No surgió de un acuerdo leal entre peruanos ni responde a los intereses de las mayorías nacionales. Llegados al punto en que la pandemia destapa nuestras desgracias embalsadas, la tarea para contar con un gobierno a favor de los peruanos es inevitable: la Constitución del 93 debe ser cambiada.

 

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