PERÚ: ENFRENTANDO LA CRISIS

Sistema bancario, gobierno y pueblo

PERÚ: ENFRENTANDO LA CRISIS

Lilia Romero, 26 mayo 2020

“El problema actual no es la avaricia, es la rapacidad”, 

Costa Gavras

 El signo de clase de la pandemia

 

El virus sigue golpeando duramente a todos, pero con mayor intensidad a los más pobres, que ahora son más. Sólo en Lima Metropolitana han perdido su empleo un millón y medio de trabajadores, aun no tenemos las cifras oficiales del resto del país[1]. Las medidas del gobierno no han sido lo suficientemente eficaces para garantizar la cuarentena, estrategia adoptada para ganar tiempo y poder suplir en la medida de lo posible, las grandes carencias de nuestro alicaído sistema de salud, hijo de la salvaje aplicación del modelo neoliberal que redujo los presupuestos del sector a su mínima expresión, con todo lo que ello significa en contratación de personal, infraestructura, equipamiento, adquisición de medicinas, etc. Llegará el momento de pedir cuentas a los gobiernos miserables que aplicaron a rajatabla los dictados de sus jefes de Washington.

 

 

El mayor error del gobierno del Sr. Vizcarra para el abordaje de la pandemia, y razón del por qué hasta la fecha seguimos en la meseta y no logramos bajar la curva, ha sido ignorar o soslayar la existencia de una enorme masa de trabajadores, no incorporados a la llamada economía formal, que equivale al 72.7 % del total de la PEA activa en nuestro país, cifra por encima del 53% de la América Latina. Esto es lo que crea la gran diferencia. Los trabajadores formales, ahora desempleados en gran número, están resistiendo de una u otra forma la pandemia sacrificando sus magros ahorros y sus ahorros futuros (CTS, AFP) y también endeudándose con sus tarjetas de crédito, por cierto pagando hasta más del 100 % de interés anual[2],   mientras que la gran mayoría sólo ha tenido como alivio a la cuarentena el ingrato y esquivo bono que difícilmente les ha llegado a todos por la inoperancia absoluta del Estado, en todos sus niveles. La gente ha resistido hasta donde ha podido con el apoyo solidario de los vecinos, organizaciones populares, iglesias, otros regresando dramáticamente a sus pueblos, y los demás, simplemente violando la cuarentena para sobrevivir.

 

Las clases medias altas y altas, por su lado, han cumplido fielmente el encierro, haciendo teletrabajo –los afortunados que cuentan con un empleo–, desde sus cómodas casas y criticando a «los irresponsables» que no cumplen la cuarentena.

 

Mientras tanto, las grandes empresas, como la farmacéutica y laboratorios, están haciendo su agosto con la pandemia, no pudiendo ser sancionados gracias al gobierno de Alan García que sacó del Código Penal la pena por acaparamiento y especulación durante las emergencias económicas y sociales[3]. Y el gobierno, inexplicablemente, prorroga la aplicación del DU 013-2019, que establece el Control previo de operaciones de Concentración Empresarial, norma que pone cortapisas a la formación de monopolios como el farmacéutico. Estando previsto para ser aplicado en agosto de este año ahora se prorroga su aplicación para mayo del siguiente año[4]. ¿A qué juega el gobierno del Sr. Vizcarra? ¿a quién o a quiénes quiere darles tiempo?

 

Asimismo resulta inexplicable cómo el Sr Velarde y su plana mayor del BCR concertan para dotarle de liquidez a las AFP cuando a ellas les sobra el dinero en sus bancos consorciados. Es decir, el Estado dando dinero para que este pequeño grupo siga lucrando mientras este mismo Estado es incapaz de distribuir el bono a las familias que lo necesitan para sobrevivir en la pandemia.[5]

 

 

Más ganancias para los bancos

 

El gobierno anunció con bombos y platillos que estaba destinando el 12% del PBI para la reactivación de la economía del país. En este marco se creó el Programa Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) a fin de dotar de capital de trabajo a las empresas del país.

 

En el Perú tenemos 2.734 millones de empresas formalmente establecidas y 7.5 millones de empresas no registradas por la SUNAT. Las empresas formales dan trabajo a 4.6 millones de trabajadores mientras que las llamadas informales comprenden a 12.4 millones de trabajadores[6]

De acuerdo al tamaño de las empresas, son las micro y pequeñas empresas de 1 a 10 trabajadores las que dan empleo al 88 % de la PEA activa del país.

 

 

FAE-MYPE ha recibido a la fecha 800 millones de soles y Reactiva Perú 60 000 millones de soles.

 

Para la distribución del primer tramo de Reactiva Perú (S/ 30,000 millones de soles) se han realizado a la fecha 14 subastas, resultado de las cuales –oh sorpresa– sólo se han subastado S/ 584 millones de soles (2.12%), dirigido a la micro y pequeña empresa. Si añadimos a esta cifra el monto del FAE-MYPE, obtenemos S/ 1 384 millones de soles para las micro y pequeñas empresas formales, monto que resulta ínfimo frente a un universo de 2 707 millones de empresas que esperan un crédito[7]. Suponiendo un préstamo promedio de S/ 10,000 el crédito disponible sólo alcanzaría para atender al 5.1% del total de micro y pequeñas empresas formales de todo el país. Ver Cuadro 2

Ello, sin tener en cuenta la serie de trabas que han sido colocadas en los respectivos reglamentos, que merecen un tratamiento aparte.

 

 

Respecto al sector no formal, aquel que da trabajo a más de doce millones de peruanos y que produce el 18.6% del PBI, el gobierno no tiene absolutamente ninguna propuesta sobre la mesa. Este sector depende únicamente de sus propios recursos o de la banca paralela que les cobra los intereses que quieren y que cuentan con los sicarios más «rankeados» del medio si no cumplen puntualmente con los pagos. No hay que perder de vista que en este sector se encuentran más de cuatro millones de pequeños productores agropecuarios que pugnan por tener un crédito accesible a sus precarias economías.

 

Agrobanco tiene aprobado un fondo de S/ 600 millones (Fondo Agroperú) orientado a créditos hacia productores organizados el que debe ejecutarse a partir de junio en que se apruebe su reglamento.[8] Por otro lado, está pendiente la activación del Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario,  creado en noviembre del año pasado. Igual que en el caso anterior, son sumas ínfimas frente a las necesidades de producción en el campo, máxime cuando es el sector que está garantizando la producción de alimentos, nunca antes apreciada tanto como ahora. ¿Así les pagamos ? Lo mínimo que se esperaría sería que dichos fondos contaran con el mismo respaldo financiero que se está otorgando en Reactiva Perú (98 % para los créditos hasta S/10,000), o mejor aún, que tuvieran el respaldo del 100 % , pero no es así. El Fondo Agroperú sólo otorga un respaldo por parte del Estado del 30 %. Esto resulta escandaloso en el marco de la emergencia económica que vivimos y debe corregirse de inmediato.

 

La producción de alimentos, a cargo de la pequeña agricultura, se proyecta como una actividad prioritaria en la etapa post pandemia por dos razones, una, porque garantiza la provisión de alimentos para toda la población, y otra, porque es la forma de promover un empleo seguro para más de cuatro millones de productores y los cientos de retornantes que se ven expulsados de las ciudades donde no pueden seguir trabajando en las calles[9]. Por otro lado, FAO-CELAC, ha recomendado a los gobiernos declarar como prioritaria la producción de alimentos en el marco de la pandemia, fortaleciendo al sector con asistencia técnica y financiera.[10]

 

Entonces, puestas así las cosas, a quién está favoreciendo el MEF con su política crediticia hacia los actores productivos. Está claro que a la gran y mediana empresa, pero por sobre todo a la banca, porque es ésta quien dirige los préstamos a sus clientes. A los bancos no les interesa atender a los miles y miles de micro y pequeños prestatarios, les resulta más rentable asegurar su cartera de clientes ya conocida, y ahora premiarlos con los intereses más bajos del mercado, financiados por el Estado con el dinero de todos los peruanos.

 

A MODO DE CONCLUSIÓN Y PROPUESTAS

 

La primera política a levantar, durante esta etapa de emergencia, tiene que ser la defensa de la vida de cada uno de los ciudadanos del país, siendo obligación del Estado garantizar que cada poblador esté en condiciones de cumplir las medidas sanitarias establecidas. Esto supone, medir cuidadosamente el inicio de las actividades productivas sin poner en riesgo la salud de los trabajadores, así la CONFIEP y sus voceros exijan el reinicio de todas las actividades posibles. El gobierno tiene que garantizar los recursos necesarios para la sobrevivencia de los ciudadanos que aun no se integran a la actividad productiva y que deben guardar la cuarentena en sus casas, y por otro lado, controlar que los protocolos sanitarios establecidos se cumplan en cada actividad que se vaya reabriendo.

 

Durante la etapa de reactivación se tiene que priorizar tres sectores: uno es el sector agricultura, y en particular la pequeña agricultura productora de alimentos, proveyéndola de los recursos necesarios para garantizar la próxima campaña. Los otros sectores a priorizar son Educación y Salud, los cuales deben recibir el mayor apoyo presupuestario posible. Es alrededor de estos tres sectores prioritarios que se debe orientar la activación del resto de sectores económicos.

 

La siguiente política es la defensa del empleo, que significa defender la fuerza de trabajo del país, es decir, la vida de los trabajadores y de sus familias. Para ello es necesario que este gobierno –y el que viene– tengan como prioridad fortalecer aquellas empresas generadoras de empleo, es decir, las micro y pequeñas empresas, tanto de la ciudad como del campo.

 

En la presente coyuntura la aplicación de estas políticas significa:

 

  • Garantizar la entrega del bono universal a todas las familias que lo necesitan y la entrega de los bonos ya programados y presupuestados aun pendientes de ejecución.

 

  • Eliminar la suspensión perfecta de labores.

 

  • Subsidiar la planilla de las micro y pequeñas empresas al equivalente de una RMV, hasta que logren acceder a un crédito para capital de trabajo.

 

  • Incrementar el crédito dirigido a la micro y pequeña empresa en el monto equivalente al otorgado a la mediana y gran empresa, que ahora equivale a S/ 60 mil millones de soles.

 

  • Incrementar la garantía del Estado al 100 % en los créditos a las micro y pequeñas empresas en Reactiva Perú y FAE-MYPES

 

  • Incrementar el monto de los créditos y subsidios al pequeño productor agropecuario, mínimo en un monto equivalente al otorgado a la mediana y gran empresa (S/ 60 mil millones de soles) con la garantía del 100% por parte del Estado. Fortalecer Agrobanco para que cumpla con estos objetivos.

 

  • Crear el Banco Mype, especializado en créditos para la micro y pequeña empresa, formales y no formales, donde el Estado tenga participación mayoritaria y también participen como socias las entidades microfinancieras actualmente existentes, incluyendo a las cooperativas de ahorro y crédito.

 

Corresponde a las organizaciones de base levantar estas banderas como única garantía de defensa de sus derechos frente a un gobierno que sólo tiene oidos para la CONFIEP y la gran prensa digitalizada.

 

 

Lima, 26 Mayo del 2020

[1]INEI, Informe Técnico de Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana N° 5, Mayo 2020

[2]«…las tasas que pagan los bancos por depósitos de ahorro, fluctúan entre 0.75% y 4.5% anual, sin embargo las que cobran a los tarjeta-habientes por consumo (con una inflación referencial de 2% anual) van entre 20% (las “mejores” tarjetas –‘Black’, Signature’, ‘Infinite’) y más de 70% anual (las “clásicas”) y por retiro de efectivo superan en muchos casos el 100% anual.» Ver Jaime Reusche Lummis, Tarjetas de crédito: ¿Se estarán disparando los bancos y financieras a los pies?, Gestión,13 mayo 2020

[3]Hay varios proyectos de ley en el Congreso para corregir esta situación.

 

[4]Ver Decreto Legislativo N° 1510 decreto legislativo que modifica e incorpora disposiciones al decreto de urgencia nº 013-2019, decreto de urgencia que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial

 

[5]Ver todos los intríngulis de este oscuro capítulo en Nueva entrega. “Dueños del Perú”. Por Francisco Durand: https://sociologiaenlaunjfsc.com/2020/05/11/duenos-del-peru-por-francisco-durand/

 

[6]Ver INEI, Demografía Empresarial en el Perú. Lima, febrero 2020 e INEI, Producción y Empleo Informal en el Perú. Cuenta Satélite de la Economía Informal 2007-2018. Lima, noviembre 2019.

 

[7]Del total de empresas formales existentes en el país (2 734 619 según INEI a diciembre 2018), el 99 % está constituido por micro y pequeñas empresas, la gran y mediana empresa sólo representan el 0.6 % y el 0.4 % son empresas públicas. Ver: INEI, Perú: Estructura Empresarial 2018, Lima, noviembre 2019.

[8]D. s. Nº 004-2020-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba la reestructuración del Fondo AGROPERÚ, 11 abril 2020

[9]Ver al respecto: Pedro Francke, «Urgencia dramática: apuntalar la agricultura» en Hildebrandt en sus Trece, 22 mayo 2020.

[10]«Recomendar a los países que aún no lo han hecho, que consideren declarar la alimentación y la agricultura como actividades esenciales o estratégicas, de interés público, en el marco de la pandemia de COVID-19.» Ver: FAO-CELAC, Seguridad Alimentaria bajo la pandemia de COVID-19.Informe preparado por FAO a solicitud de la Coordinación Nacional de la Presidencia Pro Témpore de México ante la CELAC. Abril 2020.

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