PRENSA CANALLA:

PRENSA CANALLA:

Prensa canalla: Algunas maneras de arreglar el problema

Luis M. Sánchez

 

 

Los titulares de un día cualquiera de la prensa capitalina, hablan por sí mismos: “Perú Libre se opone a la cremación de Guzmán”, “Amenaza de Despilfarro”, “El 53% considera que Castillo va por rumbo equivocado”, “precios de medicinas en riesgo de subir por alzas de fletes y dólar”, “! qué malcriado!”, “Volarán cabezas de Bellido y Maraví”, “salen los roba bonos”, etc.

 

No informan. Califican, insinúan, auguran, especulan, intimidan, falsean o directamente atacan.  La gran prensa fabrica intrigas diarias y malforma la opinión de las personas. Encima, vive de la publicidad estatal y complota abiertamente para no dejar gobernar. Empuja a la democracia peruana al templo de la perdición.

 

El Congreso de la República debería abordar este problema, en vez de dedicarse a perseguir el cadáver del camarada “Gonzalo”, o a maquinar leyes a la medida de los juegos electorales de los partidos que integran la mesa directiva. Hay alternativas que se podrían adoptar.

 

El fiasco de la autorregulación

 

La opción favorita de los propietarios de los medios es la “autorregulación”. Según ellos lo mejor para la libertad de expresión es dejar que los medios se regulen solos, para lo que cuentan con el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Claro que en la práctica nunca lo han hecho. O lo hicieron hasta los 60, cuando había medios con cierta ética, La prensa, y El Comercio, por ejemplo. La propia revista Caretas.

 

En los siguientes años abandonaron eso. En los ochenta actuaron al lado de todos los gobiernos, y en los 90 se desbocaron por completo. Los periódicos, incluida la TV, se tornaron la inmundicia de hoy, por más solemnes que se pongan los directores, por más sabihondos que se hagan los entrevistadores, y muy independientes que se crean los columnistas.

 

La excepción quizás la pone el diario La República, aunque a veces con desgano, o de una manera inconstante. En lo restante, la gran prensa ha seguido degenerando.  De modo que el argumento de la regulación se ha quedado como un cuento de los directores.

 

Pero el argumento es válido. El autocontrol es una exigencia para toda la prensa; aunque no solo para la prensa. Se lo exige a periodistas, miembros del Congreso, del Ejecutivo, del Judicial. A todos los que ejercen algún oficio de trascendencia pública. Todos están obligados a auto-restringirse, a actuar con responsabilidad, porque solo de ese modo se afirma la república. La gente de los medios no tiene en esto un privilegio.

 

Además, la autorregulación no excluye las regulaciones explícitas, que las hay en todos los países. Solo en el Perú se quiere hacer de la autorregulación un escudo contra las leyes de la república y de la libertad de expresión un blindaje absoluto contra la impunidad.

 

Tres soluciones importantes

 

En Argentina, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26522, del 2009), establece criterios que rigen a los medios. Los valores universales, “el bien común”, la “defensa de la persona humana”, el respeto a los derechos personalísimos”.  El derecho a informarse y emitir opiniones e ideas sin censura, respetando al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos; la cultura popular y el desarrollo cultural, educativo y social de la población.

 

La ley crea la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (FSCA), con representantes del gobierno, de los prestadores privados, de entidades sin fines de lucro, de las emisoras de las universidades; de los medios públicos, de los sindicatos de trabajadores de los medios, de las sociedades gestoras de derechos (autores y compositores), y de los Pueblos Originarios. La Autoridad vigila el cumplimiento de la ley.

 

Prevé, además que los servicios de comunicación son de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro. Limita, de ese modo, el monopolio privado, el monopolio público y el uso meramente comercial de los medios.

 

En Bolivia, el 2010 se aprobó la Ley 045 contra el racismo, que prevé sanciones económicas y hasta el retiro de la licencia a los medios que difundan ideas racistas y discriminadores. Los periodistas, pueden ser juzgados en tribunales ordinarios, como cualquier ciudadano, y podrían ir a la cárcel por dichas causas.

 

El 2018 Evo Morales propuso reformar la ley de prensa para que sea una “ley contra la mentira”. Según Evo, el fundamento constitucional de una ley contra la mentira es el ama lulla, “no seas mentiroso”, recogido en la Constitución desde el 2009. La mala prensa funciona en base a la mentira. Y si la mentira reina, la corrupción es inevitable.

 

En el Perú el Estatuto de Prensa del gobierno de Velasco (D. Ley 20680) se propuso socializar la prensa en la idea de que la comunicación social no puede pertenecer a monopolio privados. En 1974 Se expropiaron los principales diarios. El Comercio fue destinado a las organizaciones campesinas, La Prensa a las Comunidades Laborales, Última Hora a las organizaciones de servicios, Correo a los profesionales, Ojo a los escritores y artistas Expreso y Extra a las organizaciones educativas, La Crónica y La Tercera al Sistema Nacional de Difusión (SINADI).

 

La reforma se detuvo en 1975, y en 1980 los viejos propietarios de la prensa volvieron, hasta el día de hoy. La reforma de Velasco fue sin duda radical, pero no se puede decir que fuera moralmente incorrecta ni socialmente injusta.

 

La licencia popperiana

 

El problema de los medios es burdo en el Perú, pero de cualquier modo existe en los países en la medida del papel que juegan, especialmente la televisión. Esa fue preocupación de Karl Popper en sus últimos años, el filósofo austro-inglés al que suelen acudir quienes justifican el dominio de los privados en nombre de la “sociedad abierta”. Decía Popper:

 

 

Popper descartó que no se pueda hacer nada y propuso que “Cualquiera que esté ligado a la producción televisiva debe te­ner una patente, una licencia, una cédula profesio­nal, que le pueda ser retirada de por vida cuando actúe en contravención de ciertos principios”.

 

En el Perú, profesiones como las de jueces y profesores están sujetas a evaluaciones periódicas en razón a su enorme impacto social.  No se ve por que no podría hacerse lo mismo con los directores de los medios. Popper pensaba que eso podrían hacerlo los gremios de profesionales, pero podrían hacerlo también representantes de la sociedad. En cualquier caso, el control es una función que no corresponde a los propietarios.

 

El camino está abierto para buscar una solución peruana. Lo que no se puede hacer es cerrar los ojos e ignorar el problema. Los primeros interesados tendrían que ser los congresistas, aunque por ahora la gran parte de ellos parecen primordialmente extraviados.

 

Escribe un Comentario