Salvar el derecho a la protesta

Salvar el derecho a la protesta

Doce Ángulos

 

Luis M. Sánchez

Un tribunal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, o ‘Colegiado Supra Provincial Penal’, como han dado en llamarse, acaba de condenar a los ciudadanos Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del valle de Tambo, Jaime de la Cruz, ex alcalde de Dean Valdivia, y Julio Gutiérrez tenido como “dirigente anti minero”, a penas de 7, 12, y 18 años de prisión respectivamente.

Aparte del caso de extorsión que se imputa específicamente a Gutiérrez, el Tribunal no los juzga por hechos privados sino por su rol en las protestas del año 2015 reclamando al proyecto minero “Tía María” el cumplimiento de requisitos ambientales.

 

El Tribunal los sentencia por “entorpecimiento de los servicios públicos”, “motín”, “plan criminal”, desconectando fríamente los hechos del contexto. Como si las circunstancias de la protesta social y ambiental no significasen nada. Como si las motivaciones no importasen para juzgar las conductas.

 

Los miembros del Tribunal viven en el Perú y saben que acá la protesta es inevitable. Desde los tiempos del gamonalismo y los encomenderos, ningún derecho se ha logrado sin la movilización de la gente. Los jueces no pueden desconocer ello, y su tarea no es aplicar leyes sino dar respuestas justas a los conflictos sociales.

 

La sentencia contra los dirigentes arequipeños cae como atropello de la legalidad contra los derechos de la gente. Es la criminalización de la protesta, que va de la mano con la judicialización de la política.

 

Ese maltrato era habitual contra las protestas indígenas en los años del estado oligárquico. Convengamos que se reinicia con decretos letales como el 010-77-TR, del gobierno de Morales Bermúdez, que autorizó el despido de unos 5 mil trabajadores, después del histórico paro del 19 de julio de 1977.

 

Siguió el D. Leg. N° 046 de Belaúnde que creo el delito de “apología” del terrorismo”, incorporado luego al Código Penal. Propiamente se crea un delito de “expresión” que abre la posibilidad de castigar las ideas y que los críticos sean tildados de “terroristas”. Así pasó desde los 90, cuando se dio en confundir sindicalismo, izquierdismo y protesta con terrorismo. El terruqueo se impuso.

 

Los gobiernos han persistido en la penalización antojadiza, creando delitos para sancionar las demandas de la gente y agravando las penas. Por ejemplo, los delitos de disturbios (art. 315 del Código Penal), entorpecimiento de servicios públicos (283), atentado contra la seguridad común (281), o el D. Leg. 1301 que crea figuras persecutorias altamente manipulables, como la llamada colaboración eficaz.

 

Las exageraciones punitivas son innumerables, prueba de que en el país prima la creencia colonial de que el castigo puede resolver los problemas de injusticia que la sociedad genera. En esa exasperación penalista está la ganancia de los pescadores neoliberales que aprovechan la criminalización para arrasar con los derechos de la gente.

 

La sentencia del “Colegiado supraprovincial” contra los dirigentes de Tambo es otro acto estatal de ese tipo. Trata la protesta como delito. El colegiado puede culpar de ello al congreso, lo que sería confesar que su capacidad de discernimiento no cuenta, o que por ahora se contentan con ser solventes portadores de un tosco positivismo ideológico.

 

Escribe un Comentario